En un giro sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría otorgado un permiso especial para que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, utilicen fondos del Estado venezolano para costear su defensa legal en el caso por narcotráfico que se les sigue en Nueva York. La decisión desata una controversia internacional, ya que implica que serán los contribuyentes venezolanos quienes asuman los gastos legales de la pareja presidencial.
Según fuentes cercanas a la investigación, la defensa de los Maduro Flores habría solicitado —y obtenido— la autorización para acceder a recursos públicos venezolanos congelados o bajo supervisión judicial. La razón principal, de acuerdo con documentos judiciales citados por medios como Associated Press y El Nuevo Herald, es que la pareja presidencial se niega a utilizar su patrimonio personal para sufragar los honorarios de sus abogados, alegando "falta de liquidez" y el deseo de no revelar el origen de sus ingresos privados, los cuales la Fiscalía estadounidense ha señalado como provenientes, en parte, del narcotráfico y la corrupción.
En marzo de 2020, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó formalmente a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores de "narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción". Se les acusa de liderar el Cártel de los Soles, una organización que, según la investigación, utilizó el aparato del Estado venezolano para facilitar el envío de toneladas de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. La recompensa ofrecida por la DEA por información que conduzca a la captura de Maduro asciende a 15 millones de dólares.
El caso, que sigue activo aunque Maduro no ha sido extraditado, incluye a otros altos funcionarios venezolanos como el exministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, aunque estos no han solicitado la misma medida para sus defensas.
La decisión de la corte neoyorquina ha sido recibida con indignación por sectores de la oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos. El diputado opositor Juan Pablo Guanipa calificó el hecho como un "absurdo jurídico y moral": "Es como si los propios rehenes pagaran los abogados de sus secuestradores. Los venezolanos no tenemos por qué financiar la defensa de quienes nos han sumido en la peor crisis de nuestra historia".
Por su parte, el abogado defensor de la pareja, el estadounidense David S. Picol (quien ya representó a otros líderes latinoamericanos), argumentó que "todos tienen derecho a una defensa adecuada, y el acceso a fondos estatales para mandatarios en funciones es una práctica común en litigios internacionales bajo el principio de inmunidad de jurisdicción". Sin embargo, expertos en derecho internacional consultados por Reuters señalan que esta "no es una práctica común" cuando los cargos son por delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
De manera extraoficial, el Departamento del Tesoro de EE.UU., que mantiene sanciones contra el gobierno venezolano, habría emitido una licencia específica para permitir la transferencia de los fondos desde cuentas bancarias no bloqueadas en el extranjero. Al cierre de esta edición, ninguna portavocía oficial de la Casa Blanca o del Departamento de Justicia ha confirmado ni desmentido la existencia de esta licencia.
La noticia golpea con especial crudeza dentro de Venezuela, donde más del 80% de la población vive en pobreza, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2024. Mientras el gobierno negocia el uso de recursos públicos para pagar defensas multimillonarias en Nueva York, el salario mínimo equivalente apenas alcanza los 4 dólares mensuales. Organizaciones como Provea y Foro Penal han denunciado que "es inmoral desviar un solo bolívar de las arcas nacionales para blindar a quienes están acusados de los delitos más graves contra el pueblo".
Con esta autorización, la defensa podrá contratar abogados de alto perfil, posiblemente ampliando su equipo con especialistas en derecho penal internacional. El juicio en ausencia podría acelerarse, aunque sin extradición, las condenas serían simbólicas mientras Maduro permanezca en el poder. Sin embargo, analistas legales consideran que este movimiento procesal es un intento de retrasar el caso e impugnar futuras extradiciones si cambia el régimen.
Mientras tanto, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos han solicitado a EE.UU. que no se cree un "precedente perjudicial" que permita a líderes acusados de crímenes de lesa humanidad utilizar fondos públicos para su defensa. El desenlace de esta solicitud podría sentar jurisprudencia en casos similares contra dirigentes de Cuba, Nicaragua y otros países.