Video privado de Marco Antelo y Anabel Angus supuestamente filtrado, reflexiones y prevención sobre privacidad digital

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia expresa su profunda preocupación por la decisión de una Sala Constitucional de Santa Cruz que, de manera irregular, dispone la inmovilización de las cuentas bancarias de la empresa Telefónica Celular de Bolivia S.A., afiliada a la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (CATELBO).

Esta insólita determinación judicial arriesga el acceso de miles de ciudadanos a servicios públicos de telefonía, internet y conectividad, considerados derechos fundamentales y protegidos por el Art. 20.II de la Constitución Política del Estado, que señala específicamente que éstos deben ser provistos bajo criterios de universalidad, accesibilidad, continuidad, cobertura necesaria, entre otros.

Asimismo, antepone los intereses de la parte demandante sobre los derechos de cientos de miles de personas y familias en todo el país, que podrían verse privadas de los servicios públicos provistos por TELECEL S.A. – TIGO. Adicionalmente, vulnera el principio del debido proceso, y menosprecia el uso del arbitraje como mecanismo legal y pactado para la resolución de disputas.

Es preocupante que con esta decisión se genere un nefasto antecedente jurisprudencial que pone en cuestión una vez más la seguridad jurídica, y coloca en indefensión a las empresas frente a las decisiones arbitrarias de operadores del sistema de justicia.

Por lo señalado y en tanto se sustancie el proceso judicial, pedimos a las autoridades competentes que, en cumplimiento de la Ley, se restablezcan las condiciones necesarias para que Tigo Bolivia pueda continuar prestando sus servicios de manera normal y no se perjudique a los usuarios.

Finalmente, alertamos sobre el impacto negativo que este tipo de medidas tiene en la imagen del país, en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad del entorno empresarial.

La Paz, 22 de agosto de 2025