El Ministro de Justicia, César Siles, informó que su despacho se sumó a la denuncia contra Evo Morales por el delito de trata y tráfico de personas y anticipó que pedirá al Tribunal Constitucional Plurinacional la revocatoria de la decisión judicial que anuló la orden de aprehensión del líder máximo del MAS y la remisión de obrados al Ministerio Público, para que se investigue a la juez Lilian Moreno por favorecer al expresidente.
La noche del miércoles se hizo pública la orden de aprehensión emitida contra Morales desde la Fiscalía de Tarija, por una denuncia de estupro y trata y tráfico de personas. La investigación estableció que Morales mantuvo una relación con una menor de 15 años en 2015 y un año después nació una niña que lleva su apellido, de acuerdo a un certificado de nacimiento.
Los padres de la menor, siempre según la indagación fiscal, se beneficiaron con cargos y viajes. El hecho ocurrió en Yacuiba, Tarija.
Tras la orden de aprehensión, abogados de Morales presentaron un recurso de acción de libertad en Santa Cruz, que anuló la orden de aprehensión.
Siles rechazó la decisión judicial dada la gravedad del delito que se investiga e informó que el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), se sumó a la denuncia para asegurar se haga justicia con la menor.
“Esta indignación que estamos mostrando como Ministerio de Justicia, como padre y miembro de esta sociedad nos exige la inmediata movilización y atención del caso”, aseguró Siles.
El fallo de la juez Moreno que favoreció a Morales pasó a revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ante esta instancia se pedirá anular el fallo, porque no solo revirtió la orden de aprehensión, sino también trasladó el caso que se investigaba en Tarija a Villa Tunari, lugar donde vive el principal acusado.
La Fiscalía General del Estado formó una comisión de fiscales para indagar la denuncia contra el expresidente. El fiscal General Juan Lanchipa negó haya ordenado dejar de investigar este caso, como lo denunció Sandra Gutiérrez, poco después de ser destituida del cargo de Fiscal Departamental de Tarija por, justamente, -dijo- esta investigación y orden de aprehensión.
También se convocó al Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, instancia integrada por varias instituciones, para tratar este caso.
“Anunciamos públicamente y lo vamos a hacer, iniciaremos las acciones que corresponden contra esta autoridad jurisdiccional”, anunció y cuestionó la destitución de Gutiérrez y de los dos fiscales que investigaban la denuncia contra Morales, quien desde sus redes sociales se limitó a decir que “no me extraña ni me preocupa”, sin pronunciarse específicamente.
Para Siles, “estamos hablando de un delito transnacional, de interés no solamente en Bolivia, sino también por toda la comunidad internacional”.
Más temprano, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que también esta cartera de Estado se sumará a la denuncia contra el exmandatario, quien tiene otras dos denuncias de relación con menores de edad.
