vía Correo del Sur |
La Fiscalía departamental de Tarija emitió una orden de aprehensión en contra de Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas; sin embargo, horas después, fue desactivada mediante una acción de libertad y por presuntas órdenes desde la Fiscalía General del Estado.
Tras la anulación de la orden de aprehensión, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció que fue despedida por haber emitido el mandamiento en contra del expresidente.
El caso se encontraba en etapa preliminar y la víctima es una adolescente de 15 años de edad de una provincia tarijeña, informó la fiscal Gutiérrez, quien incluso dijo a medios locales que ya se había conformado una comisión de fiscales para que comience la investigación y se ejecute la orden de captura contra el exmandatario.
Sin embargo, una acción de libertad instaurada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra dejó sin efecto el procedimiento y, luego, se emitió un instructivo desde Sucre donde el fiscal general Juan Lanchipa ordenó “no tocar el caso” porque la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil se haría cargo de la investigación, indicó Gutiérrez.
Según la fiscal destituida, en el documento se le instruyó, además de colaborar con el caso “dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga el presente instructivo”, es decir, que disuelva la comisión que ya había designado.
“Si no daba cumplimiento (al instructivo) ya me ha amenazado que se me venían procesos penales, disciplinarios, como así mismo ya han arremetido contra mí persona y se me ha aperturado procesos disciplinarios”, denunció.
Gutiérrez también cuestionó que Lanchipa haya impedido supuestamente el desarrollo de la investigación bajo su jurisdicción en Tarija, al emitir el instructivo para disolver la comisión de fiscales.
“(La Fiscalía General) ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y a parar absolutamente todas las investigaciones que estábamos llevando adelante”, fustigó.
Denuncia persecución
Además, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que, tras la marcha que llegó la pasada semana a La Paz, comenzó una “sañuda persecución” contra el exmandatario en diferentes lugares del país.
Mencionó, entre los casos, uno en El Alto por instigación pública delinquir, impulsado por Melania Torrico; otro por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por daño económico al Estado tras la marcha hacia La Paz y otra de Tarija, con orden de aprehensión, por estupro y trata y tráfico de personas abierto el 26 de septiembre.
Romero calificó como los procesos penales contra Morales como “arbitrarios” por el hecho de haber protagonizado una movilización reclamando demandas económicas por la crisis de combustible y dólares.
