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En ese contexto, mencionó que se envió una circular el 5 de agosto a las autoridades de 10 facultades para que cesen en sus funciones para evitar responsabilidades; sin embargo, no todos dejaron sus cargos. En este punto, el fallo aclara que los actos de las autoridades cesadas son válidos.
Puntualizó que el desacato a la sentencia conlleva responsabilidades económicas y legales, por lo que el rector Julio Medina y al secretario general Eduardo Lavayen fueron denunciados en la FiscalÃa.
Las autoridades son investigadas por resistirse a cumplir el fallo y se prevé que la ControlarÃa General del Estado programe una auditorÃa para establecer el daño económico que se causó con la organización del III Congreso, indicó.
Coca es exdirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) y fue encarcelado en 2015 por impulsar una protesta contra la titularización de docentes extraordinarios sin examen de competencia y por daños a bienes del Estado.
Docentes
Los alcances de la sentencia también generaron incertidumbre entre docentes titulares y extraordinarios, situación que llevó a la Federación Universitaria Docente (FUD) a convocar a una asamblea extraordinaria en la que se reconoció la vigencia del antiguo estatuto y se dejó la solución de la crisis al Consejo Universitario. En la reunión se reavivó el debate sobre los derechos y limitaciones de los catedráticos extraordinarios y se recordó que ya no es necesario que cuenten con una maestrÃa.
En tanto, la FUL aún no se pronunció pese a que llamó una reunión a los centros.