Ministros se enredan al defender a Evo

Los Tiempos
Denuncias poco sustentadas y contradictorias como la de un complot contra el presidente Evo Morales utilizando drones y redes sociales, incluida una amenaza de muerte; o declaraciones como la de Juan Ramón Quintana que negó conocer a la expareja del primer mandatario, Gabriela Zapata, pese a que la Fiscalía develó que ella usó 40 veces las oficinas del Ministerio de la Presidencia para hacer negocios, marcan en los últimos días el plan de defensa del Gobierno que han asumido los ministros de Estado.

A un mes de la denuncia del periodista Carlos Valverde sobre posible tráfico de influencias que involucra al presidente Morales, a su expareja y a la empresa china Camce, aún nada se ha aclarado ni investigado sobre el tema y las carteras de Gobierno y Presidencia, sin presentar pruebas, responsabilizan a la oposición, a EEUU y a los medios de un complot contra el Gobierno y mandan a  detener y encarcelar a funcionarios subalternos. En tanto, anoche un grupo de ciudadanos armó una vigilia en la casa de Valverde, quien alertó que existía un “raro movimiento policial” en las afueras de su domicilio. El Ministerio de Gobierno descartó que se quiera aprehender a Valverde y que buscan al acusado de narcotráfico  José Luis Sejas.

Entretanto, Quintana arremetió contra los medios de comunicación, incluido este periódico, y planteó la creación de una unidad de inteligencia del Estado porque a la fecha Bolivia carece de una.

“El Estado Plurinacional carece de instituciones de inteligencia estatal capaces de proteger la propia seguridad, si hay un renglón pendiente en la construcción del Estado Plurinacional es su capacidad de autodefensa”, dijo Juan Ramón Quintana.

Por otra parte, el ministro afirmó que el periódico La Prensa “desapareció por haber cometido el pecado capital de mentirle al país”, aunque no precisó cuál fue la mentira; y en ese sentido se preguntó: “¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de esta osadía temeraria de mentirle al país?”.

La autoridad remarcó que de un tiempo a esta parte algunos medios “se han envilecido, se han corrompido”. “Cómo deterioran su credibilidad”, por ampliar la denuncia de Valverde.

Atentado

Por su parte, Romero y Ferreira denunciaron ayer que se encuentra en marcha un proceso conspirativo que amenaza la vida del presidente Evo Morales.

Lanzaron esa denuncia después de presentar dos videos y un texto publicados en Internet, uno de ellos pertenece a la exdirigenta de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas.

“Realmente estamos ante hechos que trastocan nuestra racionalidad, nuestros valores, nuestras reglas de convivencia colectiva”, concluyó Romero, para luego agregar: “Lamento que algunas personas recurran a la intimidación a la amenaza, a la discriminación, al odio racial como estrategia política. Me parece absolutamente deleznable”.

Ferreira también dijo que se redactará una ley para prohibir el uso de drones debido a que  hace algunas semanas cerca de la residencia presidencial se vio uno de estos objetos y en los últimos días se observó algo similar cerca de la vivienda del vicepresidente Álvaro García Linera.  

“Si uno va atando cabos, a raíz de lo que ha leído el doctor Romero, las amenazas que hay en Internet y este tipo de actividades de observación, estamos preocupados y entendemos que hay una situación conspirativa. Frente a ello vamos a plantear una ley para garantizar la seguridad no sólo del Jefe de Estado, de los poderes públicos, sino de la ciudadanía”, manifestó el ministro de Defensa.

Advirtió que en próxima oportunidad, los aparatos que sobrevuelen unidades militares, instituciones públicas o dependientes de los órganos de Gobierno, serán incautados inmediatamente por el riesgo que tienen en la captura de imágenes y toma de información.

Explicó que los drones “son potenciales amenazas a la seguridad de órganos y dignatarios de Estado y se procederá a la incautación”, mientras salga la ley que prohMinistros se enredan al defender a Evo

Denuncias poco sustentadas y contradictorias como la de un complot contra el presidente Evo Morales utilizando drones y redes sociales, incluida una amenaza de muerte; o declaraciones como la de Juan Ramón Quintana que negó conocer a la expareja del primer mandatario, Gabriela Zapata, pese a que la Fiscalía develó que ella usó 40 veces las oficinas del Ministerio de la Presidencia para hacer negocios, marcan en los últimos días el plan de defensa del Gobierno que han asumido los ministros de Estado.

A un mes de la denuncia del periodista Carlos Valverde sobre posible tráfico de influencias que involucra al presidente Morales, a su expareja y a la empresa china Camce, aún nada se ha aclarado ni investigado sobre el tema y las carteras de Gobierno y Presidencia, sin presentar pruebas, responsabilizan a la oposición, a EEUU y a los medios de un complot contra el Gobierno y mandan a  detener y encarcelar a funcionarios subalternos. En tanto, anoche un grupo de ciudadanos armó una vigilia en la casa de Valverde, quien alertó que existía un “raro movimiento policial” en las afueras de su domicilio. El Ministerio de Gobierno descartó que se quiera aprehender a Valverde y que buscan al acusado de narcotráfico  José Luis Sejas.

Entretanto, Quintana arremetió contra los medios de comunicación, incluido este periódico, y planteó la creación de una unidad de inteligencia del Estado porque a la fecha Bolivia carece de una.

“El Estado Plurinacional carece de instituciones de inteligencia estatal capaces de proteger la propia seguridad, si hay un renglón pendiente en la construcción del Estado Plurinacional es su capacidad de autodefensa”, dijo Juan Ramón Quintana.

Por otra parte, el ministro afirmó que el periódico La Prensa “desapareció por haber cometido el pecado capital de mentirle al país”, aunque no precisó cuál fue la mentira; y en ese sentido se preguntó: “¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de esta osadía temeraria de mentirle al país?”.

La autoridad remarcó que de un tiempo a esta parte algunos medios “se han envilecido, se han corrompido”. “Cómo deterioran su credibilidad”, por ampliar la denuncia de Valverde.

Atentado

Por su parte, Romero y Ferreira denunciaron ayer que se encuentra en marcha un proceso conspirativo que amenaza la vida del presidente Evo Morales.

Lanzaron esa denuncia después de presentar dos videos y un texto publicados en Internet, uno de ellos pertenece a la exdirigenta de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas.

“Realmente estamos ante hechos que trastocan nuestra racionalidad, nuestros valores, nuestras reglas de convivencia colectiva”, concluyó Romero, para luego agregar: “Lamento que algunas personas recurran a la intimidación a la amenaza, a la discriminación, al odio racial como estrategia política. Me parece absolutamente deleznable”.

Ferreira también dijo que se redactará una ley para prohibir el uso de drones debido a que  hace algunas semanas cerca de la residencia presidencial se vio uno de estos objetos y en los últimos días se observó algo similar cerca de la vivienda del vicepresidente Álvaro García Linera.  

“Si uno va atando cabos, a raíz de lo que ha leído el doctor Romero, las amenazas que hay en Internet y este tipo de actividades de observación, estamos preocupados y entendemos que hay una situación conspirativa. Frente a ello vamos a plantear una ley para garantizar la seguridad no sólo del Jefe de Estado, de los poderes públicos, sino de la ciudadanía”, manifestó el ministro de Defensa.

Advirtió que en próxima oportunidad, los aparatos que sobrevuelen unidades militares, instituciones públicas o dependientes de los órganos de Gobierno, serán incautados inmediatamente por el riesgo que tienen en la captura de imágenes y toma de información.

Explicó que los drones “son potenciales amenazas a la seguridad de órganos y dignatarios de Estado y se procederá a la incautación”, mientras salga la ley que prohíba operaciones en área de seguridad estatal. Al mismo tiempo, se alista una ley para regular el contenido racista y discriminador de las redes sociales.

Renuncia

Ayer, en horas de la tarde, la ministra Paco, confirmó la renuncia de la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, al sostener que se trata de procedimientos que se dan en las instituciones.

Según versiones no oficiales, Espinoza habría tomado la decisión debido a que en esa entidad prestaba servicios Juan José Flores, exresponsable de la Unidad de Gestión Social, esposo de Cristina Choque que es procesada dentro del caso Zapata.

“Esto es parte de un tratamiento administrativo, ayer (martes) se ha ido la Viceministra de Electricidad. Son temas administrativos que incumben estrictamente a la estructura institucional que tenemos”, afirmó de manera escueta.

La exviceministra Espinoza asumió el cargo en febrero de 2012 y renunció cuatro años después sin dar una explicación del por qué. Según se conoce ella fue madrina en la boda entre Álvaro García y Claudia Fernández.

FISCALÍA ALLANA VIVIENDA

El fiscal Edwin Blanco allanó ayer el domicilio de Gabriela Zapata Montaño, expareja del jefe de Estado, Evo Morales, y requisó documentación, fotografías y sellos. La vivienda se encuentra en La Rinconada, La Florida, exclusiva zona en el sur de La Paz.

El informe fue proporcionado por la tía de la exgerenta Comercial del consorcio chino Camce, Pilar Guzmán, al sostener que llegó el representante del Ministerio Público con seis efectivos policiales para ingresar bruscamente al interior de la vivienda  e indagar en todas las habitaciones.

Comentó que en la casa, que tomó en anticrético su sobrina Gabriela Zapata, se encontraban solo una menor de edad (hija de Gabriela) y una empleada que cuida de ella, quienes al observar el arribo de estos y el intento de ingresar a la fuerza, se asustaron por lo que llamaron a sus familiares y a la dueña. Por otra parte, el abogado de Zapata, Walter Zuleta, denunció que “Régimen Penitenciario aprobó una resolución para trasladar a mi clienta al centro penitenciario de Miraflores. Tenía que efectivizarse hoy (ayer) pero fue postergado hasta mañana (hoy)”.



FISCALÍA IMPUTA A CHOFER

Detención preventiva para Cristina Choque

La exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, La Paz, dentro del proceso que instauró el Ejecutivo en contra de Gabriela Zapata Montaño, exnovia del presidente Evo Morales, por los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.

A la conclusión de la audiencia cautelar, el fiscal Edwin Blanco informó que el juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Enrique Morales, determinó remitir a Choque al penal por haberse encontrado indicios de ilegalidad en el que incurrió la acusada en el ejercicio de sus funciones.

“Habiendo encontrado la probable comisión de los tipos penales en la presente investigación, se solicitó la detención preventiva para la imputada, hecho que fue valorado por el juez y determinó que sea remitida a la cárcel de mujeres de Obrajes”, sostuvo el Fiscal.

Consultado Blanco el por qué no se benefició con detención domiciliaria toda vez que tiene un lugar de residencia y una nena de seis meses que debe ser atendida, dijo que en el desarrollo de las investigaciones se identificaron ciertos riesgos procesales como el peligro de fuga y la obstaculización en la averiguación de la verdad de los hechos, que sucedieron en la Unidad de Gestión Social por lo que se decidió su detención preventiva.

“Al no tener arraigo natural se demuestra que la imputada tiene facilidades para abandonar el país o permanecer oculta, motivo por el cual esta persona adecúa su conducta al riesgo procesal”, sostuvo.

Choque, antes de ser llevada a las Ministros se enredan al defender a Evo

Denuncias poco sustentadas y contradictorias como la de un complot contra el presidente Evo Morales utilizando drones y redes sociales, incluida una amenaza de muerte; o declaraciones como la de Juan Ramón Quintana que negó conocer a la expareja del primer mandatario, Gabriela Zapata, pese a que la Fiscalía develó que ella usó 40 veces las oficinas del Ministerio de la Presidencia para hacer negocios, marcan en los últimos días el plan de defensa del Gobierno que han asumido los ministros de Estado.

A un mes de la denuncia del periodista Carlos Valverde sobre posible tráfico de influencias que involucra al presidente Morales, a su expareja y a la empresa china Camce, aún nada se ha aclarado ni investigado sobre el tema y las carteras de Gobierno y Presidencia, sin presentar pruebas, responsabilizan a la oposición, a EEUU y a los medios de un complot contra el Gobierno y mandan a  detener y encarcelar a funcionarios subalternos. En tanto, anoche un grupo de ciudadanos armó una vigilia en la casa de Valverde, quien alertó que existía un “raro movimiento policial” en las afueras de su domicilio. El Ministerio de Gobierno descartó que se quiera aprehender a Valverde y que buscan al acusado de narcotráfico  José Luis Sejas.

Entretanto, Quintana arremetió contra los medios de comunicación, incluido este periódico, y planteó la creación de una unidad de inteligencia del Estado porque a la fecha Bolivia carece de una.

“El Estado Plurinacional carece de instituciones de inteligencia estatal capaces de proteger la propia seguridad, si hay un renglón pendiente en la construcción del Estado Plurinacional es su capacidad de autodefensa”, dijo Juan Ramón Quintana.

Por otra parte, el ministro afirmó que el periódico La Prensa “desapareció por haber cometido el pecado capital de mentirle al país”, aunque no precisó cuál fue la mentira; y en ese sentido se preguntó: “¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de esta osadía temeraria de mentirle al país?”.

La autoridad remarcó que de un tiempo a esta parte algunos medios “se han envilecido, se han corrompido”. “Cómo deterioran su credibilidad”, por ampliar la denuncia de Valverde.

Atentado

Por su parte, Romero y Ferreira denunciaron ayer que se encuentra en marcha un proceso conspirativo que amenaza la vida del presidente Evo Morales.

Lanzaron esa denuncia después de presentar dos videos y un texto publicados en Internet, uno de ellos pertenece a la exdirigenta de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas.

“Realmente estamos ante hechos que trastocan nuestra racionalidad, nuestros valores, nuestras reglas de convivencia colectiva”, concluyó Romero, para luego agregar: “Lamento que algunas personas recurran a la intimidación a la amenaza, a la discriminación, al odio racial como estrategia política. Me parece absolutamente deleznable”.

Ferreira también dijo que se redactará una ley para prohibir el uso de drones debido a que  hace algunas semanas cerca de la residencia presidencial se vio uno de estos objetos y en los últimos días se observó algo similar cerca de la vivienda del vicepresidente Álvaro García Linera.  

“Si uno va atando cabos, a raíz de lo que ha leído el doctor Romero, las amenazas que hay en Internet y este tipo de actividades de observación, estamos preocupados y entendemos que hay una situación conspirativa. Frente a ello vamos a plantear una ley para garantizar la seguridad no sólo del Jefe de Estado, de los poderes públicos, sino de la ciudadanía”, manifestó el ministro de Defensa.

Advirtió que en próxima oportunidad, los aparatos que sobrevuelen unidades militares, instituciones públicas o dependientes de los órganos de Gobierno, serán incautados inmediatamente por el riesgo que tienen en la captura de imágenes y toma de información.

Explicó que los drones “son potenciales amenazas a la seguridad de órganos y dignatarios de Estado y se procederá a la incautación”, mientras salga la ley que prohMinistros se enredan al defender a Evo

Denuncias poco sustentadas y contradictorias como la de un complot contra el presidente Evo Morales utilizando drones y redes sociales, incluida una amenaza de muerte; o declaraciones como la de Juan Ramón Quintana que negó conocer a la expareja del primer mandatario, Gabriela Zapata, pese a que la Fiscalía develó que ella usó 40 veces las oficinas del Ministerio de la Presidencia para hacer negocios, marcan en los últimos días el plan de defensa del Gobierno que han asumido los ministros de Estado.

A un mes de la denuncia del periodista Carlos Valverde sobre posible tráfico de influencias que involucra al presidente Morales, a su expareja y a la empresa china Camce, aún nada se ha aclarado ni investigado sobre el tema y las carteras de Gobierno y Presidencia, sin presentar pruebas, responsabilizan a la oposición, a EEUU y a los medios de un complot contra el Gobierno y mandan a  detener y encarcelar a funcionarios subalternos. En tanto, anoche un grupo de ciudadanos armó una vigilia en la casa de Valverde, quien alertó que existía un “raro movimiento policial” en las afueras de su domicilio. El Ministerio de Gobierno descartó que se quiera aprehender a Valverde y que buscan al acusado de narcotráfico  José Luis Sejas.

Entretanto, Quintana arremetió contra los medios de comunicación, incluido este periódico, y planteó la creación de una unidad de inteligencia del Estado porque a la fecha Bolivia carece de una.

“El Estado Plurinacional carece de instituciones de inteligencia estatal capaces de proteger la propia seguridad, si hay un renglón pendiente en la construcción del Estado Plurinacional es su capacidad de autodefensa”, dijo Juan Ramón Quintana.

Por otra parte, el ministro afirmó que el periódico La Prensa “desapareció por haber cometido el pecado capital de mentirle al país”, aunque no precisó cuál fue la mentira; y en ese sentido se preguntó: “¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de esta osadía temeraria de mentirle al país?”.

La autoridad remarcó que de un tiempo a esta parte algunos medios “se han envilecido, se han corrompido”. “Cómo deterioran su credibilidad”, por ampliar la denuncia de Valverde.

Atentado

Por su parte, Romero y Ferreira denunciaron ayer que se encuentra en marcha un proceso conspirativo que amenaza la vida del presidente Evo Morales.

Lanzaron esa denuncia después de presentar dos videos y un texto publicados en Internet, uno de ellos pertenece a la exdirigenta de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas.

“Realmente estamos ante hechos que trastocan nuestra racionalidad, nuestros valores, nuestras reglas de convivencia colectiva”, concluyó Romero, para luego agregar: “Lamento que algunas personas recurran a la intimidación a la amenaza, a la discriminación, al odio racial como estrategia política. Me parece absolutamente deleznable”.

Ferreira también dijo que se redactará una ley para prohibir el uso de drones debido a que  hace algunas semanas cerca de la residencia presidencial se vio uno de estos objetos y en los últimos días se observó algo similar cerca de la vivienda del vicepresidente Álvaro García Linera.  

“Si uno va atando cabos, a raíz de lo que ha leído el doctor Romero, las amenazas que hay en Internet y este tipo de actividades de observación, estamos preocupados y entendemos que hay una situación conspirativa. Frente a ello vamos a plantear una ley para garantizar la seguridad no sólo del Jefe de Estado, de los poderes públicos, sino de la ciudadanía”, manifestó el ministro de Defensa.

Advirtió que en próxima oportunidad, los aparatos que sobrevuelen unidades militares, instituciones públicas o dependientes de los órganos de Gobierno, serán incautados inmediatamente por el riesgo que tienen en la captura de imágenes y toma de información.

Explicó que los drones “son potenciales amenazas a la seguridad de órganos y dignatarios de Estado y se procederá a la incautación”, mientras salga la ley que prohíba operaciones en área de seguridad estatal. Al mismo tiempo, se alista una ley para regular el contenido racista y discriminador de las redes sociales.

Renuncia

Ayer, en horas de la tarde, la ministra Paco, confirmó la renuncia de la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, al sostener que se trata de procedimientos que se dan en las instituciones.

Según versiones no oficiales, Espinoza habría tomado la decisión debido a que en esa entidad prestaba servicios Juan José Flores, exresponsable de la Unidad de Gestión Social, esposo de Cristina Choque que es procesada dentro del caso Zapata.

“Esto es parte de un tratamiento administrativo, ayer (martes) se ha ido la Viceministra de Electricidad. Son temas administrativos que incumben estrictamente a la estructura institucional que tenemos”, afirmó de manera escueta.

La exviceministra Espinoza asumió el cargo en febrero de 2012 y renunció cuatro años después sin dar una explicación del por qué. Según se conoce ella fue madrina en la boda entre Álvaro García y Claudia Fernández.

FISCALÍA ALLANA VIVIENDA

El fiscal Edwin Blanco allanó ayer el domicilio de Gabriela Zapata Montaño, expareja del jefe de Estado, Evo Morales, y requisó documentación, fotografías y sellos. La vivienda se encuentra en La Rinconada, La Florida, exclusiva zona en el sur de La Paz.

El informe fue proporcionado por la tía de la exgerenta Comercial del consorcio chino Camce, Pilar Guzmán, al sostener que llegó el representante del Ministerio Público con seis efectivos policiales para ingresar bruscamente al interior de la vivienda  e indagar en todas las habitaciones.

Comentó que en la casa, que tomó en anticrético su sobrina Gabriela Zapata, se encontraban solo una menor de edad (hija de Gabriela) y una empleada que cuida de ella, quienes al observar el arribo de estos y el intento de ingresar a la fuerza, se asustaron por lo que llamaron a sus familiares y a la dueña. Por otra parte, el abogado de Zapata, Walter Zuleta, denunció que “Régimen Penitenciario aprobó una resolución para trasladar a mi clienta al centro penitenciario de Miraflores. Tenía que efectivizarse hoy (ayer) pero fue postergado hasta mañana (hoy)”.



FISCALÍA IMPUTA A CHOFER

Detención preventiva para Cristina Choque

La exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, La Paz, dentro del proceso que instauró el Ejecutivo en contra de Gabriela Zapata Montaño, exnovia del presidente Evo Morales, por los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.

A la conclusión de la audiencia cautelar, el fiscal Edwin Blanco informó que el juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Enrique Morales, determinó remitir a Choque al penal por haberse encontrado indicios de ilegalidad en el que incurrió la acusada en el ejercicio de sus funciones.

“Habiendo encontrado la probable comisión de los tipos penales en la presente investigación, se solicitó la detención preventiva para la imputada, hecho que fue valorado por el juez y determinó que sea remitida a la cárcel de mujeres de Obrajes”, sostuvo el Fiscal.

Consultado Blanco el por qué no se benefició con detención domiciliaria toda vez que tiene un lugar de residencia y una nena de seis meses que debe ser atendida, dijo que en el desarrollo de las investigaciones se identificaron ciertos riesgos procesales como el peligro de fuga y la obstaculización en la averiguación de la verdad de los hechos, que sucedieron en la Unidad de Gestión Social por lo que se decidió su detención preventiva.

“Al no tener arraigo natural se demuestra que la imputada tiene facilidades para abandonar el país o permanecer oculta, motivo por el cual esta persona adecúa su conducta al riesgo procesal”, sostuvo.
Choque, antes de ser llevada a las celdas judiciales en espera de su traslado al COF, se liberó de sus custodios y a viva voz dijo que en este proceso el Ministerio Público no consideró todos los fundamentos que presentó su defensa y que en todo caso sus abogados presentarán la apelación respectiva.

El chofer

Asimismo, el fiscal Edwin Blanco informó que el otro funcionario de la Unidad de Gestión Social, Jimmy Morales, fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.



CRONOLOGÍA

3 de febrero: Valverde denuncia al Presidente

El periodista Carlos Valverde, denunció el 3 de febrero un supuesto tráfico de influencias por parte del presidente Evo Morales a favor de su exnovia y madre de uno de sus hijos, Gabriela Zapata, quien en ese tiempo era gerente comercial de la empresa China Camce.

Las observaciones surgen porque esta empresa tenía cinco contratos con el Estado boliviano cuya suma sobrepasaba los 500 millones de dólares.

4 de febrero: Quintana confirma que hubo relación

El 4 de febrero, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana,  señaló que sí existía una relación entre Morales y Zapata el 2007. Señaló que CAMC la contrató en 2011 y que el Gobierno no tuvo nada que ver en esa contratación.

“Zapata no tiene ningún tipo de vínculos con el Gobierno. Por tanto, no hay ninguna razón para que esta ciudadana pueda administrar ningún negocio del Gobierno”, remarcó el ministro Quintana.

10 de febrero: Presidente admite que tuvo un hijo

El 5 de febrero, el presidente Evo Morales en conferencia de prensa desde Santa Cruz admitió que tuvo una relación con la empresaria Gabriela Zapata y que tuvieron un hijo.

“A Gabriela Zapata (abogada y licenciada en Ciencias Políticas) la conocí en 2005, en 2007 tuvimos un bebé y por mala suerte falleció y nos distanciamos. Después de 2007 corté todo contacto”, señaló el presidente Evo Morales el 10 de febrero.

Contradicción: Aparece fotografía  de Evo y Gabriela

El 8 de febrero parece una foto del presidente Evo Morales con Gabriela Zapata en el Carnaval de Oruro del 2015, contradiciendo la versión que dio el Mandatario unos días antes asegurando que después del 2007 no tuvo contacto con su exnovia.

“En las fiestas, se acerca la gente para sacarse fotos con el Presidente. Yo vi a una mujer, que no recordaba bien, cara conocida, que se me acercó, y era Gabriela (Zapata)”, dijo el Presidente desde Oruro.