Video: Enfrentamiento entre diputados y policías en el edificio legislativo
Bajo fuerte resguardo policial, parlamentarios oficialistas aprobaron el contrato para explotación de litio con la empresa rusa Uranium One, impidiendo el acceso de diputados opositores y representantes potosinos que rechazan el acuerdo.
En un hecho sin precedentes, fuerzas policiales bloquearon el acceso a diputados de la oposición y representantes potosinos a la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, que sesionaba para aprobar el controvertido contrato con la empresa rusa Uranium One para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.
La diputada potosina Lissa Claros, principal voz opositora al contrato, protagonizó un tenso enfrentamiento verbal con un coronel de policía que le impedía ingresar al recinto parlamentario. "Esto es un atropello a la democracia", declaró Claros durante el altercado captado en video.
El diputado cruceño Walthy Egüez, miembro titular de la comisión, denunció: "La Policía me tiene secuestrado", al ser también impedido de ingresar pese a su condición de parlamentario con derecho a participar en las deliberaciones.
El contrato de concesión con Uranium One fue firmado por el Poder Ejecutivo en septiembre de 2024, pero requiere aprobación legislativa para su implementación completa. Según denuncias de la facción "evista" del MAS, la intermediación para este acuerdo habría involucrado a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, quien habría recibido aproximadamente cinco millones de dólares como adelanto por su gestión.
Esta no es la primera vez que los hijos del presidente enfrentan acusaciones de tráfico de influencias. En mayo de 2024, se presentó una denuncia formal contra Rafael Arce Mosqueira, otro hijo del mandatario, por la adquisición de un terreno valuado en 3,3 millones de dólares en Santa Cruz.
Este incidente ocurre en medio de una profunda división dentro del oficialismo entre "arcistas" (seguidores del presidente Arce) y "evistas" (leales al expresidente Evo Morales). Ambas facciones han intentado sin éxito realizar congresos separados del MAS, siendo rechazados por el Tribunal Supremo Electoral por incumplir los estatutos partidarios.
La tensión política se ha intensificado en las últimas semanas, con protestas y bloqueos de carreteras por parte de seguidores de Morales que han dejado un saldo trágico de al menos cuatro policías muertos y numerosos heridos . Estos enfrentamientos ocurren en un contexto de crisis económica marcada por escasez de combustibles y dólares, con una inflación que alcanzó 18.46% interanual en mayo.
El contrato con Uranium One y las acusaciones de corrupción contra el entorno presidencial han afectado significativamente la imagen del oficialismo a pocos días de las elecciones presidenciales del 17 de agosto. Las encuestas sitúan al candidato oficialista, Eduardo del Castillo, por debajo del 3% de intención de voto, lo que podría significar la desaparición del partido gubernamental si estos números se mantienen.
Paralelamente, el gobierno intenta mostrar normalidad. El mismo día del incidente parlamentario, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, sostuvo una reunión con el alcalde de La Paz para coordinar medidas de seguridad ciudadana, destacando la necesidad de trabajar "despojado de cualquier color político".