Diputado retira demanda que buscaba inhabilitar candidaturas por no renunciar a cargos
En un giro significativo del panorama electoral, el diputado disidente de Creemos, Henry Gutiérrez, retiró la demanda que buscaba inhabilitar a candidatos presidenciales por no haber renunciado a sus cargos públicos.
La acción de cumplimiento, presentada contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, fue formalmente retirada este viernes en la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz. Los vocales aceptaron el retiro y declararon nulo el proceso.
Este movimiento legal tenía como objetivo forzar la aplicación de normas que exigen a funcionarios públicos renunciar a sus cargos antes de postularse a elecciones, un requisito que varios candidatos presidenciales no habrían cumplido.
Cronología del proceso legal
Henry Gutiérrez, diputado disidente de Creemos, interpone acción de cumplimiento contra el presidente del TSE buscando la inhabilitación de candidatos que no renunciaron a sus cargos.
La Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz recibe el documento legal y admite el caso para su procesamiento.
Gutiérrez presenta memorial solicitando el retiro de la demanda antes de que los vocales emitan resolución alguna.
Los vocales aceptan el retiro y declaran nulo el proceso, cerrando el caso sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Implicaciones del retiro
El retiro de esta demanda tiene importantes consecuencias para el proceso electoral:
- Los candidatos presidenciales cuestionados mantienen su habilitación
- No se establece jurisprudencia sobre la obligación de renuncia
- Evita un enfrentamiento institucional previo a las elecciones
- Deja abierta la discusión sobre futuras aplicaciones de esta norma
El diputado Gutiérrez no ha hecho declaraciones públicas sobre los motivos específicos que lo llevaron a retirar la demanda. Analistas políticos sugieren que esta decisión podría responder a presiones internas de su partido o a estrategias políticas más amplias en el contexto preelectoral.
Este caso reabre el debate sobre la aplicación del artículo 234 de la Ley del Régimen Electoral que establece la obligación de renuncia para funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular. El TSE mantiene que su interpretación de esta norma es la correcta, mientras que sectores opositores insisten en su estricto cumplimiento.
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