1 de septiembre (Infobae).-
Durante la campaña electoral, Nicolás Maduro prometió un “baño de sangre” en Venezuela si el chavismo no ganaba las elecciones del 28 de julio. Apalancado por todo el aparato estatal, controlado por el régimen, el dictador se proclamó ganador de los comicios sin presentar las actas electorales. Pese a su presunta victoria, el mandatario chavista cumplió con su amenaza e inició, una vez más, una brutal ola de violencia y persecución contra la oposición venezolana y contra todos aquellos que se atreven a discutir los resultados electorales y denunciar fraude.
Pasado poco más de un mes de las elecciones, y con más de 25 personas asesinadas en el contexto de las protestas, más de 2400 detenidos arbitrariamente, y al menos 50 desapariciones forzadas, la ONG Provea sostiene que el país está sumido bajo “un terrorismo de Estado”.
Alfredo Romero, abogado defensor de derechos humanos y director de la ONG Foro Penal, sostuvo días atrás que la organización registró “el número más alto de presos políticos en la historia de Venezuela en el siglo XXI”.
Según esa ONG, hasta el pasado 26 de agosto en el país se registraban 1780 presos políticos, de los cuales 1581 fueron detenidos desde el 29 de julio, un día después del fraude electoral cometido por el dictador chavista.
De esos detenidos, 1624 son civiles y 156 militares. Además, 114 son adolescentes. “La situación postelectoral incluye detenciones a personas que solo salieron a protestar”, afirmó Romero al canal NTN 24.
En los últimos días decenas de familiares se trasladaron hacia el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, donde están recluidos cientos de menores y jóvenes acusados de “terrorismo” por salir a protestar. De acuerdo a lo denunciado por los familiares y organismos de derechos humanos, a los adolescentes detenidos no se les permite hacer llamadas a sus familias ni tener acceso a un abogado.
Este alarmante aumento de las detenciones se da en el marco de la “Operación Tun Tun” ejecutada por la dictadura, a través de la cual el régimen detiene y persigue a quienes cuestionan los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista.
Además de los miles de civiles detenidos por atreverse a salir a protestar, la ola de detenciones también incluye a más de 20 dirigentes políticos de la oposición.
Desde el antichavismo sostienen que el objetivo del régimen, en medio de la creciente presión internacional tras el fraude electoral, es debilitar el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia secuestrando a funcionarios de su círculo cercano.
El miércoles pasado fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del régimen los dirigentes opositores Biagio Pilieri y su hijo Jesús Pilieri al retirarse de la masiva convocatoria que encabezó Machado en Caracas con motivo del primer mes tras el fraude del 28 de julio.
Inicialmente, la agrupación había difundido una alerta en la que advertía que el dirigente de Convergencia Venezuela estaba siendo seguido en el barrio de La Castellana por “sujetos no identificados” a bordo de dos camionetas y tres motos que “intentan chocarlos para secuestrarlos”.
El propio Pilieri llegó a publicar un video en el que narraba lo que estaba ocurriendo: “Estamos siendo seguidos, entendemos y estamos seguros, por cuerpos de seguridad del Estado, apenas salimos de la actividad donde estuvimos acompañando a María Corina y a otros. Nos vienen siguiendo desde hace 20 minutos”.
Momentos después, el Comando supo que se encontraba secuestrado en El Helicoide tras verificar la última ubicación de su celular.
Al día siguiente, María Corina Machado confirmó en rueda de prensa la liberación de Jesús, mientras que su padre Biagio permanece en esa prisión del centro de Caracas, considerada como el principal centro de torturas de la dictadura.
Un día antes las fuerzas del régimen se habían llevado al portavoz de María Corina Machado, Perkins Rocha. El también Coordinador Jurídico y Representante ante el CNE, fue llevado “a la fuerza” por sujetos no identificados, según denunció el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.
Pilieri y Rocha son los últimos de una larga lista de dirigentes políticos opositores detenidos por la dictadura.
Uno de los primeros secuestrados tras el 28 de julio fue Freddy Superlano, coordinador político nacional de Voluntad Popular, quien apenas dos días después de los comicios, el martes 30 de julio, fue subido por la fuerza a un vehículo en la urbanización Sebucan, en Caracas. El hecho quedó registrado en un video grabado por unos vecinos que, entre abucheos y gritos, exigían a los funcionarios vestidos de negro que no se llevaran al dirigente opositor.
Desde entonces, la persecución fue en escala y no se detuvo.
Días después de la aprehensión de Suprelano también fueron detenidos en Caracas los opositores Williams Dávila y Américo De Grazia, entre otros.
