Vía Los Tiempos|
Con compromisos para proteger las unidades productivas, incluso en las zonas urbanas, así concluyó ayer la marcha convocada por porcinocultores, avicultores, comerciantes de carne y veterinarios contra los avasallamientos.
La movilización logró acercamientos con varios legisladores de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, quienes plantearon elevar a rango de ley nacional el Decreto Supremo Nº 5065, que establece que las unidades productivas “ no pueden ser movidas”.
El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria (CAC), Rolando Morales, señaló que los parlamentarios también acordaron solicitar informes escritos y orales a las autoridades nacionales, departamentales y municipales de las medidas que se aplican para garantizar la seguridad alimentaria y la seguridad jurídica.
La protesta, que partió del puente del viaducto, hizo un recorrido por las calles del centro de ciudad, luego de que en pasadas semanas dos granjas, una porcina en Toco y otra piscícola en Colomi, fueran atacadas.
Uno de los afectados, Wilmer Torrico, comentó que la marcha se convocó para pedir respeto a la propiedad privada y dijo que los ataques ponen en riesgo la generación de empleos directos e indirectos.
En ese contexto, la representante de los comerciantes de carne de cerdo, Amanda Melendres, dijo que la movilización busca respaldar el trabajo de todas las granjas del departamento.
El vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Iván Carreón, sostuvo que el problema de los avasallamientos pone en peligro la producción de carne de pollo y cerdo en Cochabamba, lo que podría “hacernos completamente dependientes” de alimentos de Santa Cruz.
Sobre este tema, la presidenta de la Brigada, Lucy Escobar, anunció que se intensificará el trabajo a través de la Comisión de Tierra y Territorio para coadyuvar a las víctimas.
Entre tanto, el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Franz Lavayen, recalcó que en el caso de la granja de Toco no se puede intervenir, porque el trámite de saneamiento concluyó en 2017 y el dueño debe acudir a la Fiscalía o al Tribunal Agroambiental para resguardar su propiedad
