Vía Opinión Bolivia|
Las cifras son alarmantes. Las siete cárceles de Cochabamba albergan a 4.493 privados de libertad, en medio de un panorama donde todavía se aguardan luces de cambio.
Las cifras salieron a la luz en el programa “El defensor con el pueblo” conducido por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro y transmitido por redes sociales.
En medio de estas cifras rojas, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, y en base a información de Régimen Penitenciario, hasta abril de este año en la Llajta solo 997 reclusos, de un universo de 4.472, contaba con sentencia; mientras que 3.475 carecía de ella.
LAS CIFRAS ROJAS
En contacto con el programa “El defensor con el pueblo”, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que a la fecha la población carcelaria del país ascendió a 31.105 privados de libertad. Es decir, 13.000 más que en 2022.
“13.000 privados de libertad es un crecimiento alto, elevado respecto a cualquier crecimiento que se haya dado en la historia de los centros penitenciarios en Bolivia”, observó, Limpias, para quien, la cifra se “disparó”.
A ello se suma que, del total, el 60.73% (18.889) de la población carcelaria tiene detención preventiva y solo el 39.27% (12.216) cuenta con sentencia.
POR DEPARTAMENTO
En cuanto a la concentración de la población penitenciaria por departamentos, 11.394 se encuentran en cárceles de Santa Cruz; 6.327, en penales de La Paz; y, 4.493, en Cochabamba.
Los tres departamentos concentran a más del 70% de toda la población carcelaria del país. Así, el hacinamiento en Bolivia creció en 196%. “La Justicia tiene que reflexionar profundamente al igual que todos los operadores de justicia”, reflexionó el titular de Régimen Penitenciario.
AMNISTÍA
De acuerdo a los datos de la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento en las cárceles de Bolivia creció en un 33.1% entre 2022 (cuando existían 19.300 presos) y 2024. En este marco, las salidas que el Gobierno dio a este problema radican en la promulgación de los decretos presidenciales de amnistía e indulto.
Sin embargo, Calisaya informó que en 2016 y 2018, estos beneficiaron a 703 mientras que, en 2021, a 709. A pesar de los esfuerzos, las normas no han sido suficientes para combatir el problema que marca a las cárceles en Bolivia.
Para Limpias, los indultos son un “paliativo” frente a una Justicia “que no funciona”. Ante ello y todo el panorama carcelario dibujado en cifras, instó al Defensor del Pueblo a interceder con sus buenos oficios para revertir este panorama.
INDULTO Y OTRAS ACCIONES
El indulto busca beneficiar a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y a los que cometieron delitos de “baja relevancia”.
Sin embargo, para Limpias la solución estructural al problema pase por varios factores. Entre ellos, materializar la ley de uso, control y funcionamiento de dispositivos electrónico (tobilleras) de vigilancia.
De aplicarse, en los próximos cuatro años se podrían beneficiar a una población de entre 12.000 y 15.00 reclusos. Esta media estaría fortalecida con otra tarea: la aplicación de un proyecto para la ampliación de la estructura penitencia en Bolivia.
Sobre este último punto, Limpias anunció que, en el caso de Palmasola, la cárcel más grande del país, ya existen recursos para comenzar a cerrar el muro perimetral de 18 hectáreas. También haya proyectos para la construcción de bloques.
“Los mismos privados de libertad están ofreciendo la mano de obra que tienen allí. Dicen: ‘Dennos materiales, queremos vivir en mejores condiciones’”, informó al respecto.
