Vía Los Tiempos |
Tras una inspección, el director departamental de la Procuraduría General del Estado, Abel Suazo, informó ayer que se sumó al proceso penal iniciado contra las exautoridades municipales y empresarios, por presuntas irregularidades en la construcción de la nueva terminal de buses de Quillacollo.
“Vamos a intervenir en el proceso judicial, obviamente vamos a iniciar las acciones legales junto con la Alcaldía para tener una sentencia que sea ejemplar y se sancione a todos los responsables e involucrados. También vamos a generar mecanismos para la reparación del daño civil”, adelantó Suazo.
Sostuvo que verificó el estado de la obra, actualmente abandonada, luego de reunirse con el equipo jurídico del Ejecutivo municipal. “Hay muchas irregularidades, eso hemos podido ver. Nosotros vamos a hacer la revisión de la documentación para defender los intereses del Estado”, afirmó.
Por su parte, el asesor legal de la Alcaldía, Ariel Rojas, dijo que el apersonamiento de la Procuraduría servirá para acelerar el proceso. La construcción de la nueva terminal demandó Bs 19 millones, pero está cerrada por deficiencias desde hace seis años.
