Via Opinión Bolivia |
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y representantes de la empresa Álvarez firmaron el 17 de junio el acuerdo de justicia restaurativa relacionado con el denominado Puente Caído, paso a desnivel en la avenida Independencia y 6 de Agosto.
El director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía de Cochabamba, Elías Rocha, informó que todavía resta cumplir otros pasos para que el caso se cierre para quienes se sometieron a la justicia restaurativa: los encargados de la constructora Álvarez y el supervisor de la obra.
Esta obra fue inaugurada el 19 de diciembre de 2014 (en gestión de Edwin Castellanos), y colapsó el 22 de octubre de 2015. El proyecto había sido adjudicado a la empresa Álvarez. Tras el colapso, se inició un proceso contra del exalcalde Castellanos y otras personas más, entre ellas el exoficial Administrativo de la Alcaldía, el supervisor de la obra, el exoficial mayor de Infraestructura y el fiscal de obra.
JUSTICIA RESTAURATIVA
Durante años, la constructora y el supervisor buscaron acogerse a la justicia restaurativa, lo que implicó la reposición de la plataforma del puente, para así liberarse así del proceso penal. El 21 de julio de 2023, el Concejo Municipal aprobó la ley para la reparación del daño. Tras la conclusión de la obra, el 6 de marzo, el puente fue habilitado para el tránsito de vehículos.
La pasada semana, se firmó el acuerdo entre la Municipalidad y la constructora.
Rocha explicó que la empresa Álvarez debe presentar una nota al Viceministerio de Transparencia, que depende a su vez del Ministerio de Justicia. El Viceministerio señalará una audiencia, en la que participarían el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) como víctima y la constructora como procesada, además de la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado.
“Si no hay ningún tipo de observaciones, se aprueba ese acuerdo y se envía al juez, en este caso, al Tribunal de Sentencia; y lo único que va a hacer el Tribunal de Sentencia es declarar la extinción, porque se ha cumplido el acuerdo de justicia restaurativa”.
Rocha describió que, en el marco del proceso de justicia restaurativa, existe un protocolo que no establece plazos muy rigurosos; pero, se hace referencia a plazos razonables.
“Por ejemplo, hemos firmado la anterior semana. Entonces, el plazo razonable es que ellos presenten cuanto antes y, así, solicitan al Viceministerio; y el Viceministerio también, cuanto antes, lleva a cabo las reuniones”.
Explicó que este tema se basa en un principio que es de informalidad. Luego, ya haciendo la presentación al juzgado, los plazos son más estrictos.
“Si presentan a juzgado su petición hoy, tienen que recibir respuesta dentro de 24 horas”.
LOS OTROS PROCESADOS
Rocha aclaró que “la responsabilidad penal es personalísima”; es decir que, si se absuelve a uno o se condena uno, no significa que los otros van a correr la misma suerte.
Remarcó que los procesos son independientes.
“Si se aprueba este convenio, que es lo más previsible, no pueden beneficiarse los otros procesados”.
El proceso penal sigue contra Castellanos y otros exfuncionarios.
“Hay personas que han firmado el acuerdo de justicia restaurativa con relación al caso del hundimiento de la plataforma del puente de la Independencia, es solo con relación a ellos”.
A principios de febrero se conoció que el exalcalde Castellanos y los otros exfuncionarios fueron absueltos del proceso. Pero, las actuales autoridades municipales quieren una sentencia condenatoria.
El Director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía recordó que ya presentaron una apelación a esa determinación.
