Via Correo del Sur |
El Consejo de la Magistratura cesó a un juez de Beni que ya estaba institucionalizado, dando cumplimiento a una sentencia constitucional de hace seis años, cuando este profesional era autoridad transitoria. Además, puso candado a las puertas de un juzgado en Tupiza (Potosí) para evitar que Pastora Cabrera, jueza restituida en 2023, ingrese a las oficinas.
Cabrera fue cesada en 2019, después restituida por la Sentencia Constitucional 704/2020, tras estar desvinculada durante casi cuatro años, pero el Consejo de la Magistratura se demoró tres años en devolverla a su cargo, en diciembre de 2023; no transcurrió ni un mes y en enero de 2024 ya emitió una convocatoria para echarla de nuevo seis meses después.
La presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, informó a Correo del Sur Radio que, el lunes, funcionarios de la DAF le dijeron que entregue las oficinas porque en ese juzgado ya había otra autoridad.
“En la Sentencia Constitucional 704/2020 (con la que Cabrera fue restituida) se establece que la transitoriedad no es una causal de desvinculación de un juez y que Cabrera debía ser sujeta a una evaluación (de desempeño) o una sentencia penal en su contra, pero nada de eso ocurrió”, señaló Bolling.
Arturo Yáñez, abogado de Cabrera, informó que hace dos semanas el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí dispuso su cambio del Juzgado Segundo al Tercero; sin embargo, después posesionan a su reemplazante. “Pero ayer (por el lunes), un señor de Activos Fijos fue a ponerle candado al juzgado, le han quitado el acceso al sistema y ahora está impedida de entrar a sus oficinas, cuando la convocatoria era para otro juzgado”, señaló.
El abogado reveló que el Consejo adeuda a su defendida más de 900 mil bolivianos por salarios devengados y que cada día que pasa ese dinero se multiplica. “Tarde o temprano, si no es en Bolivia, a nivel internacional, los daños van a ser millonarios y van a tener que repetir a las personas que cumplen la función de autoridades”, remarcó.
El otro caso es del abogado de Beni Ángel Durán Alí, que, pese a tener el título de juez de carrera por haberse sometido a un proceso interno convocado por el mismo Consejo, fue cesado con una sentencia constitucional de hace seis años no ejecutada oportunamente.
Bolling explicó que Durán Alí fue desvinculado en 2017 por ser transitorio, planteó una acción de amparo y en primera instancia los vocales de Beni le otorgaron la tutela; pero, en revisión, el TCP le denegó la protección constitucional y esta decisión nunca fue ejecutada.
Salió otra convocatoria, Durán Alí se presentó, aprobó el proceso y lo designaron como juez de carrera.
OTRO CASO
Yáñez, también abogado de Durán Alí, calificó de “grotesca” la determinación del Consejo de la Magistratura en contra de este juez. Apuntó que es de la tercera edad y tiene una hija discapacitada.
“Hemos llegado a un extremo tan grotesco, hemos planteado un recurso revocatorio y al Consejo no le dio la gana de resolver; hemos tenido que plantear una acción de amparo contra el Consejo para que resuelva su propio recurso”, afirmó.
Anunció que preparan otra acción de amparo y dijo que denunciarán la vulneración de derechos en la vía internacional.
LA SENTENCIA
La Sentencia Constitucional 704/2020 establece que los jueces tienen que ser evaluados para definir su permanencia o desvinculación. A la jueza Pastora Cabrera no la evaluaron para ver si sigue en funciones, e incumplieron la sentencia, denunció el abogado Arturo Yáñez.
