Fuente Opinión|
La Alcaldía alista una apelación.
El puente fue inaugurado el 19 de diciembre de 2014, y colapsó el 22 de octubre de 2015. El proyecto había sido adjudicado a la empresa Álvarez por un contrato de excepción, después que dos licitaciones se declararan desiertas. Tras el colapso, se inició un proceso contra del exalcalde Castellanos y otras personas más, entre ellas el exoficial Administrativo de la Alcaldía, el supervisor de la obra, el exoficial mayor de Infraestructura y el fiscal de obra.
El proceso fue heredado a los alcaldes posteriores, hasta llegar a Manfred Reyes Villa.
Ayer, el director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía informó que, el miércoles, se emitió una sentencia absolutoria, pero la notificación no llegaba aún.
“Solo se ha pronunciado de una manera verbal la parte resolutiva, vale decir ‘por tanto, se absuelve’. En este momento, el Gobierno municipal desconoce los motivos concretos que han llevado a absolver”.
Agregó que una vez que la municipalidad sea notificada, correrán plazos para interponer una apelación.
“La sentencia emitida, no se puede aplicar todavía porque no está ejecutoriada. Hay un recurso de apelación que se puede interponer y, después, hasta un recurso de casación”.
El proceso es impulsado no solo por la Alcaldía, sino también por la Procuraduría General del estado y el Viceministerio de Transparencia.
La absolución salió también para los otros exfuncionarios de la Alcaldía.
JUSTICIA RESTAURATIVA
La constructora Álvarez y el supervisor de la obra, quienes no eran funcionarios de la Alcaldía, se acogieron al programa de justicia restaurativa. En 2023, se determinó la reparación del daño, la reposición de la plataforma.
Los trabajos están en marcha. El secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, dijo que la obra será liberada al tráfico vehicular la primera quincena de marzo.
La sentencia absolutoria no afecta a las obras.
Rocha explicó que para que se dé por concluido el tema de la justicia restaurativa, debe haber conformidad de la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado, lo que ocurriría a la conclusión de la obra. Eso liberaría a la empresa y al supervisor de la obra.
APELACIÓN
Mientras, para el exalcalde y los otros exfuncionarios, las actuales autoridades municipales quieren una sentencia condenatoria.
“Hemos presentado nuestra acusación, y el juez nos ha dicho que no tendríamos razón. Nosotros quereos saber por qué no tenemos razón (…). De darse el caso que nuestra apelación se declare procedente, se puede dejar sin efecto y se puede reponer el juicio nuevamente”.
