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Corresponde imponer, con la acción directa, el principio de la jubilación voluntaria como derecho inviolable del trabajador y con el 100% del salario.
La Comisión de Planificación del Parlamento acaba de aprobar el Proyecto de Ley de Pensión Solidaria 035/24, hecho que allana el camino para que, en cualquier momento, la Ley sea aprobada en el pleno del Parlamento. Así se constata que, para el gobierno, para las transnacionales imperialistas y para los sectores empresariales urge liberarse, cuanto antes, de los trabajadores en edad de jubilarse porque su permanencia en sus fuentes de trabajo les significa mayor gasto en beneficios sociales, hecho que repercute en los costos de producción.
Esta nueva Ley de pensiones dispone subir el tope máximo de la renta solidaria de 4.200 a 5.200 Bs., creando la ilusión en los trabajadores y en los ya jubilados que se van a mejorar sustancialmente las nuevas condiciones de jubilación cuando, en los hechos, sólo una minoría con m ás de 30 años de servicio recibe ese tope máximo insuficiente en relación al costo de la canasta familiar, además, las rentas seguirán depauperándose más y más en su capacidad de compra debido a la elevación permanente de los precios de los artículos de primera necesidad, de los medicamentos y de los servicios que aparecen como indispensables para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. De esta manera, se impondrá la perpetuación de un régimen de rentas miserable que condenará a los trabajadores a agonizar de hambre durante la última etapa de su precaria existencia.
No se debe abandonar el objetivo central en materia de seguridad social a largo plazo, de luchar por una jubilación con rentas que cubran todas las necesidades del trabajador y que las mismas deben subir automáticamente en la misma proporción que suben los precios de los artículos de consumo (renta mínima vital con escala móvil); el pago de las rentas debe ser obligación del empleador (Estado o empresa privada) porque exprime plusvalía al trabajador durante toda su vida productiva.
De manera inmediata, sin abandonar el objetivo central, exigir que la renta sea equivalente al 100 % de lo que gana el trabajador como activo; esto sólo se puede lograr derrotando a la neoliberal capitalización individual y restituyendo el aporte tripartito (patronal, estatal y laboral).
Lo que se debe rechazar categóricamente, junto a todo el proyecto de ley que está en discusión, es la jubilación forzosa a partir de los 65 años y que los que deseen seguir trabajando con más años de edad, se sometan a una valoración psicológica y física en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional; institución estatal que tramposamente declarará inhábiles a todos los que caigan en sus garras.
Las direcciones sindicales burocratizadas de la COB y de las federaciones nacionales del movimiento obrero mantienen un silencio cómplice; éste es el momento de organizarse desde las bases y de manera conjunta para impedir, sobre todo la jubilación obligatoria que significa condenar masivamente a los trabajadores a la miseria y al hambre; es el momento de rebasar a la burocracia traidora y corrompida.
