Fuente: POR
Ante la crisis debemos levantar en alto la lucha por imponer salario igual a la canasta familiar con escala móvil, trabajo, salud y educación y expulsar a las transnacionales saqueadoras y a los gobiernos de la burguesía vende-patria que han arrastrado al país a esta situación de quiebra del Estado.
Todo indica que la crisis en la provisión de combustibles no está pudiendo ser controlada por el Gobierno, como se evidencia por la persistencia de las colas en los surtidores.
La declaración del presidente Arce señalando que el país paga un precio “descomunal” por la importación de combustibles que vende a precio subvencionado, ha desatado el debate sobre cómo levantar la subvención.
Es claro que quienes pagarán los platos rotos de una medida de esa naturaleza serán las grandes mayorías empobrecida con el agravamiento de la miseria y el atraso en el país.
Tanto el gobierno como la oposición neoliberal, partidaria de levantar la subvención, están conscientes de que provocará una reacción popular en las calles como la que ocurrió con el “gasolinazo” decretado por el gobierno de Evo Morales en diciembre de 2010 y lo obligó a anular su decreto criminal.
Hoy, desde las filas de partidarios del propio gobierno y obviamente desde la oposición, han surgido varias propuestas como opciones para iniciar el levantamiento de la subvención a los carburantes: Que se levante la subvención para el parque automotor de vehículos de uso particular manteniéndola para el sector público del transporte; que se levente la subvención a los cooperativistas auríferos y a los grandes agroindustriales del Oriente que se benefician de la subvención y tributan miserias al Estado; que se vaya levantando la subvención paulatinamente, centavo a centavo.
A primera vista parecieran justas medidas parciales en sentido de que sean los ricos los que carguen con el alivio del descomunal costo para el Estado de la subvención a los carburantes. Sin embargo, cualquier levantamiento parcial significará la existencia de precios diferenciados de los combustibles en el mercado nacional, lo que inmediatamente traerá el surgimiento de un mercado negro que desviará los combustibles
subvencionados provocando una mayor escasez como de hecho ya ha empezado a ocurrir: Cisternas que desaparecen cargadas de combustible, otras que llegan a destino con menos combustible que el que cargó en origen, robo de combustible en las refinerías de YPFB, según denuncias del Gobierno que las atribuye al boicot evista contra el Gobierno.
La consecuencia será el desencadenamiento de un proceso inflacionario que el Gobierno no podrá controlar.
Por otra parte, el Gobierno en modo alguno levantará la subvención a los cooperativistas auríferos porque son una fuerza social y económicamente poderosa y potencial apoyo electoral. Tampoco a los agroindustriales con los que tiene compromisos de millonarios negocios en su política de sustitución de importaciones con la producción de agrocombustibles.
El gobierno a salido al frente asegurando que no se levantará la subvención, que en el presupuesto general para 2024 están garantizados los fondos para este propósito. Pero lo evidente es que cada vez más la situación de la crisis económica se agrava. Bolivia tiene cada vez menos recursos que vender al exterior a la par que la crisis internacional tiende a la elevación de los precios del petróleo agravando más el peso de la subvención.
Los explotados y oprimidos tenemos que rechazar cualquier tipo de levantamiento a la subvención a los carburantes que traerá como consecuencia el agravamiento de nuestra miseria.
Responsables son los neoliberales que “capitalizaron” las empresas estatales entregando enteramente la explotación de nuestras reservas de gas a las transnacionales y luego los gobiernos del MAS con su falsa nacionalización declarando que los saqueadores extranjeros se habían vuelto socios y ya no patrones y dejando que el saqueo imperialista continúe hasta agotarlas mientras despilfarraron la coyuntural bonanza económica.
¡Ya ajustaremos cuentas con los burgueses vende-patrias!
