Fuente: CIARGlobal
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha obtenido una indemnización de 105 millones de dólares en el arbitraje de inversiones presentado contra Bolivia ante un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La demanda de arbitraje del BBVA fue registrada en agosto de 2018 y tiene su origen en el proceso de traspaso de la administración de fondos de pensiones al Gobierno boliviano que no completó la operación de nacionalización perjudicando a la entidad bancaria española.
La nacionalización se ha prolongado desde 2010, y el BBVA argumentaba que “el proceso de transición ha sido caótico y que se encuentra en una situación de incertidumbre jurídica respecto al traspaso del servicio”.
El laudo fue dictado el 12 de julio por el tribunal formado por el búlgaro Stanimir Alexandrov (presidente), la argentino-brasileñaValeria Galíndez (nombrada por el demandante), y el francés Yves Derains (nombrado por el demandado).
El BBVA sostuvo que se convirtió en “rehén del Estado al no poder disponer de su inversión, sujeto a un marco jurídico inestable” y “al estar obligada a prestar el servicio de administración de los fondos de pensiones mientras la Gestora asume la actividad en nombre del Estado sin poder disponer de su inversión libremente, en un régimen jurídico totalmente distinto, sin tener certeza del momento en que podrá salir del país.” Esta caracterización fue compartida por el tribunal “sobre la situación actual de su inversión en el territorio de la Demandada”.
Nacionalización del sistema de pensiones boliviano
Bolivia decidió nacionalizar los servicios de administración de pensiones a través de la reforma constitucional de 7 de febrero de 2009. Con el propósito de dar cumplimiento al mandato constitucional, el 10 de diciembre de 2010, Bolivia promulgó la Ley de Pensiones.
Según la nota de prensa emitida por la entidad financiera en el verano de 2018, en 2010 se inició un proceso de transición en el que BBVA colaboró activamente para que la Gestora Pública boliviana asumiera sus funciones, hasta la fecha desarrolladas por BBVA Previsión. A pesar de que la creación de la Gestora Pública se formalizó en 2015, en septiembre de 2017 el Gobierno pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019.
